Venezuela solicita a Italia la extradición de Francisco D’Agostino por desfalco a PDVSA
El Gobierno venezolano formalizó ante la República Italiana la solicitud de extradición del empresario Francisco Javier D’Agostino Casado, quien es requerido por la justicia nacional por su presunta vinculación con una estructura criminal dedicada al desfalco de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
D’Agostino fue detenido el pasado 5 de enero en la localidad alpina de Bardonecchia, cuando se dirigía hacia Francia. La aprehensión obedeció a una orden internacional emitida por Venezuela en 2023. Posteriormente fue liberado mientras se revisa la validez de la solicitud, lo que ha generado tensiones en el marco de la cooperación judicial entre ambos países.
TSJ declaró procedente la extradición
El periodista de investigación venezolano, Eligio Rojas, explicó en su espacio en La Iguana TV, que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente la extradición mediante la sentencia N° 5, publicada el 5 de febrero de 2026. En la decisión, los magistrados verificaron el cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en la legislación venezolana como en los tratados internacionales suscritos con Italia.
Entre ambos países existe un tratado de extradición y asistencia judicial en materia penal firmado en 1930, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), suscrita en el año 2000.
La solicitud acumula dos procesos de extradición, sustentados en órdenes de aprehensión dictadas en 2023 y 2024 por tribunales especiales con competencia en delitos asociados a corrupción y delincuencia organizada.
Los delitos imputados
D’Agostino sería juzgado en Venezuela por los delitos de:
- Tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos
- Legitimación de capitales
- Asociación para delinquir
- Contrabando agravado
- Estafa agravada (incorporado en una segunda solicitud de extradición)
Las investigaciones lo vinculan con una presunta estructura criminal que habría operado entre 2021 y 2022 mediante esquemas de comercialización irregular de crudo venezolano.
Venta irregular de crudo y “flota fantasma”
De acuerdo con el expediente judicial, una de las tramas consistía en la venta de petróleo a China sin que los ingresos fueran reportados al Banco Central de Venezuela (BCV) ni al Tesoro Nacional.
Según los documentos revisados por la Sala Penal, parte de la estructura utilizaba:
- Empresas de fachada con domicilios repetidos
- Sociedades “espejo” en Estados Unidos, Panamá y Emiratos Árabes Unidos
- Buques con identidades y banderas alteradas
- Adulteración de facturas y contratos internacionales
Uno de los casos documentados refiere la comercialización de un millón de barriles que habría generado más de 33 millones de euros que no ingresaron a PDVSA.
En otro expediente se menciona la presunta venta irregular de tres millones de barriles de mezcla bituminosa desde el Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui (Refinería de José), mediante contratos que habrían sido manipulados para apropiarse de la carga.
Investigación vinculada a la trama PDVSA-Cripto
Las órdenes de aprehensión contra D’Agostino forman parte del expediente relacionado con la operación anticorrupción iniciada en 2023, conocida públicamente como trama PDVSA-Cripto, que derivó en la detención de más de 60 personas, entre ellas exdirectivos de la estatal petrolera.
En el proceso judicial constan más de 100 documentos probatorios, incluyendo actas de delación, reportes de inteligencia financiera y registros de transacciones internacionales.
El nombre de Molina Tamayo vuelve a la escena pública
En el expediente también aparece el nombre del contralmirante Carlos Rafael Molina Tamayo, figura recordada por su participación en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez. Molina Tamayo fue uno de los oficiales que se pronunció públicamente contra el entonces mandatario durante aquellos hechos que lo separaron del poder por 48 horas.
De acuerdo con la documentación revisada por la Sala Penal, el militar retirado figura como representante vinculado a una de las empresas que habría participado en la comercialización irregular de crudo venezolano desde el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui, conocido como “Jose”.
Contexto internacional
La prensa europea ha resaltado la vinculación familiar del empresario con figuras políticas y sociales de España y Venezuela, señalando que es cuñado del dirigente político Henry Ramos Allup y del aristócrata Luis Alfonso de Borbón.
Sin embargo, la decisión del TSJ se centra exclusivamente en los hechos investigados y en la existencia de órdenes de captura vigentes.
Espera decisión final de Italia
Corresponde ahora a las autoridades judiciales italianas evaluar la solicitud venezolana y decidir si procede la entrega del empresario para que enfrente juicio en territorio nacional.
La Sala Penal concluyó que existen “razones suficientes de hecho y de derecho” para sustentar la extradición y garantizar que el proceso penal se desarrolle conforme al ordenamiento jurídico venezolano.
