Altos funcionarios de Trump se trasladan a bases militares por protestas frente a sus casas
Un número creciente de altos funcionarios de la administración Trump, incluidos Stephen y Katie Miller, Marco Rubio, Pete Hegseth, Kristi Noem y Tulsi Gabbard, se han trasladado discretamente a bases militares alrededor de Washington, D.C., por las masivas protestas que manifiestan frente a sus casas. Ante el rechazo social, estos citan amenazas de seguridad y acoso tras el asesinato de Charlie Kirk y el aumento de la violencia política.
En el caso de los Miller enfrentaron semanas de protestas frente a su casa en Arlington, donde activistas acusaron a Stephen Miller de crímenes contra la humanidad y publicaron su dirección públicamente. Ante esto, Miller se sumó a una creciente lista de altos funcionarios políticos designados por la administración Trump —al menos seis, según nuestros cálculos— que residen en viviendas militares en el área de Washington, donde están protegidos no solo de la violencia potencial, sino también de las protestas.
De acuerdo a analistas este hecho es un presagio ominoso de la polarización del país, a la que la propia administración Trump ha contribuido, que algunos de estos altos servidores públicos hayan sentido la necesidad de aislarse de la ciudadanía.
Por su parte, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, se mudó de su apartamento en Washington D.C. a la residencia designada para el comandante de la Guardia Costera en la Base Conjunta Anacostia-Bolling, al otro lado del río, frente a la capital, después de que el Daily Mail describiera su lugar de residencia.
Si bien la mayoría de los funcionarios del Gabinete viven en casas particulares, existen precedentes de altos funcionarios de seguridad nacional, incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que alquilan viviendas en bases militares por motivos de seguridad o conveniencia.
Tanto el secretario de Estado, Marco Rubio, como Pete Hegseth viven en la zona residencial conocida como «Generals’ Row» en Fort McNair, un enclave del Ejército a orillas del río Anacostia, según informaron funcionarios de los Departamentos de Estado y Defensa. (Rubio pasó una tarde reciente armando muebles que le habían entregado ese mismo día).
Estos funcionarios civiles ahora pueden contar con el ejército estadounidense para reforzar su seguridad personal. Sin embargo, tantos se han mudado allí que están poniendo a prueba la disponibilidad de viviendas para los altos mandos militares del país.
Aunque administraciones anteriores ocasionalmente ubicaban a secretarios de defensa en bases por razones de seguridad, la escala de esta tendencia es sin precedentes.
La mayoría estaría de acuerdo en que las reubicaciones están justificadas ante amenazas genuinas, pero otros argumentan que estos movimientos intensifican la sensación de separación entre el círculo íntimo de Trump y el público estadounidense, reforzando la imagen de una administración que gobierna desde recintos fortificados en lugar de instituciones abiertas.
De la misma forma, aunque los funcionarios pagan un alquiler a “precio de mercado”, el aumento de ocupantes civiles está tensionando la vivienda destinada a oficiales superiores, requiriendo costosas mejoras. Dentro de la administración, estas residencias seguras también se han convertido en símbolos de estatus, con asesores que supuestamente compiten por las casas más grandes e históricas.
