Justicia ordena allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino y el predio de Ezeiza
La Justicia federal profundizó este martes una investigación que alcanza tanto al empresario teatral Javier Faroni como a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al ordenar una serie de allanamientos simultáneos en domicilios y sedes estratégicas del organismo rector del fútbol nacional.
El foco de la causa está puesto en un presunto desvío de fondos y maniobras de lavado de activos vinculadas a contratos firmados por la AFA.
El operativo fue dispuesto por el juez federal Luis Armella, a partir de un requerimiento de la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, encabezada por Cecilia Incardona, en conjunto con la PROCELAC, especializada en delitos económicos complejos. Las medidas incluyeron el registro de la vivienda de Faroni en el barrio privado El Yacht, en Nordelta, así como procedimientos en la sede central de la AFA, sobre la calle Viamonte, y en el predio que la entidad posee en Ezeiza.
Faroni, empresario con vínculos estrechos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, aparece como una de las figuras centrales de la investigación. Sobre él pesa además una restricción para salir del país, lo que refuerza la hipótesis de un entramado financiero bajo análisis judicial. Durante los allanamientos, los investigadores buscan documentación clave: contratos, registros contables y movimientos de dinero, especialmente aquellos relacionados con ingresos provenientes del exterior.
Uno de los ejes de la causa es la empresa TourProdEnter LLC, creada por Faroni en agosto de 2021. Los investigadores intentan determinar si esta firma fue utilizada como vehículo para canalizar fondos y cuál fue su relación contractual con la AFA. En ese sentido, el interés judicial no se limita a una persona en particular, sino que apunta a esclarecer el funcionamiento de acuerdos comerciales y financieros dentro de la estructura del fútbol argentino.
El avance de la causa representa un nuevo desafío institucional para la AFA, que vuelve a quedar bajo la lupa judicial en un contexto donde la transparencia en la gestión de recursos es un tema recurrente. Al mismo tiempo, el caso expone la complejidad de las investigaciones por delitos económicos, que suelen apoyarse en cruces de información, análisis de contratos y flujos de dinero a escala internacional.
Mientras la Justicia analiza el material secuestrado, el expediente abre interrogantes sobre el alcance real de las presuntas irregularidades y sobre el impacto político y deportivo que podría tener la causa si se confirman las sospechas.
